Kino-arqueología boliviana coadyuva resolución histórica del proceso Pando-Jáuregui (1927)

Fotogramas de “El Bolillo Fatal o El Emblema de la Muerte” (1927) de Luis del Castillo. Fuente: www.la-razon.com

Por Carlo Américo Caballero Cárdenas

Cuando el cine primigenio constituye una prueba de testimonio crítico

Las vistas, los noticiarios de época y los proto-documentales tienen un enorme poder develador en distintos aspectos (muchas veces implícitos en lo que omiten mostrar o decir, pero también en lo que muestran), y aunque la representación cinematográfica con dificultad puede captar los hechos con completa fidelidad objetiva, el apego a la realidad es una de las pocas virtudes (por lo menos aspiraciones) bajo las cuales el registro fotográfico y el cine orientado al realismo pueden ayudar a esclarecer episodios oscuros del acontecer social; máxime cuando tras el episodio real de interés hay un sinnúmero de juicios de valor político, hipótesis y numerosas versiones que tergiversan el rol “justo” o “injusto” de los sujetos implicados y su destino. Per se, las vistas y registros documentales son legítimos testimonios de acontecimientos históricos cuando se ha tenido la fortuna de registrar in situ aquellos hechos de los que se da cuenta. En segundo lugar, son proveedores del momento fehaciente en que sucede el objeto del film (aunque técnica y estéticamente es seleccionado por el cineasta) y muestra para la posteridad aquello que los ojos de un testigo habrían visto para recordar quizá toda su vida la determinación de un acto humano. En tercer lugar, y bajo el enfoque que en este texto se da mayor importancia, las vistas o las secuencias que contienen estos acontecimientos históricos, son proclives para hacer un “arqueología del pasado”. Es por ello que las obras fílmicas que proporcionan pruebas para comprender mejor los hechos pretéritos tienen en sí mismas el valor inmaterial de piezas angulares del estudio sociológico. Esto es lo que envuelve la filmación del fusilamiento de Jauregui en La Paz. Del hecho, sólo habría otra película paralela “La sombría tragedia del Kenko” (Arturo Ponansky, 1927) [perdida] que sería igualmente censurada por el H. Consejo Municipal en los cines Princesa, Mignon, Bolívar, Teatro Municipal y París de la capital tras su única proyección el 28 de diciembre de 1927 (Mesa Gisbert et al., 2018: 48-51).

En suma, como en muchas veces, la arqueología cinematográfica tiene una relación estrecha con el sentido del descubrimiento científico. En las ciencias sociales, el descubrimiento cinematográfico de elementos para comprender mejor a la sociedad en conjunto y en su singularidad temporal-espacial-simbólica, goza de ejemplos muy puntuales. Insisto (y esto es lo que deseo argumentar), la arqueología en el caso del cine primigenio tiene un potencial mayúsculo de comprensión histórica, dado que en su experimentación expresiva da a conocer con más ímpetu (ayudado con su canal silente), características sociales que prepondera a través de la imagen. Nuevamente, una fracción de cuestionamiento en la historiografía de Bolivia constituye uno de los incidentes más intrigantes para dar cuenta de procesos más grandes en la historia y vida social de América Latina. Resumo: el cineasta Luis del Castillo consigue mostrar (indirectamente ante el espectador) las consecuencias de un ejemplo concreto de injusticia, en que la calidad humana y la condición jurídica de garantías individuales en pleno siglo XX seguía siendo una cuestión de privilegio de acuerdo a la procedencia social… pero también al infortunio de estar en medio de los intereses políticos y de capital.

Mi propuesta metodológica de análisis consiste en que, lo que denomino “Kino-arqueología”, en específico la que sucede en Bolivia con el rescate de cine silente en la Cinemateca, se inscribe en una corriente de investigación basada en el materialismo histórico para su interpretación científica: la Arqueología Social Latinoamericana (ASL) (Fuentes y Soto, 22 de diciembre de 2007). Detrás de los hallazgos cinematográficos, hay una necesidad de puesta teórica que vincule el material inédito fílmico con la comprensión de los procesos de vida de los sectores oprimidos en América Latina. Esta vista documental refleja de entrada una relación de poder en la impartición de justicia: hay reflejo de racismo y lucha de clases en la ponderación de justicia entre un finado presidente y un comerciante de familia pobre. Ya las vistas documentales de Del Castillo son una prueba precursora de esta arqueología social.

Historia y contexto de un acontecimiento inicuo

“El Bolillo Fatal o El emblema de la muerte” tiene la fuerte cimiente del cine documental en Bolivia, que aún estaba muy en ciernes, y es una pieza indispensable para entender una etapa de la sociedad nacional. Y es relevante asimismo por múltiples razones. Salida con suma efimeridad en 1927 por la naturaleza de lo que muestra, esta cinta fue inmediatamente censurada; solamente gracias a su rescate en la Cinemateca Boliviana fue que 85 años después (en 2012) la gente de Bolivia y sus espectadores extranjeros pudieron y pueden conocer el desenlace de la última condena a muerte por este método en el sistema penal boliviano. El caso envuelve todo un misterio en el asesinato del expresidente de la República José Manuel Pando (1899-1904) que, rodeado de muchos enemigos, fue encontrado muerto en 15 de junio de 1917 y de cuya abrupta muerte no se tenía una causa certera. Cuando se movilizó la investigación en un sistema de justicia sumamente precario y proclive al amaño, el contexto político del país envolvía una pugna interna en la carrera por el poder político entre los agentes políticos tradicionales (usualmente militares) y las oligarquías mineras (llamada también “La Rosca”): los “republicanos” contra los “liberales”. Pando era republicano (fundador de dicho partido) y ante su remplazo obligado por el liberal José Gutiérrez Guerra, de inmediato llovieron un sinfín de controversias entre las cuales una hipótesis era la orquestación de un derrocamiento premeditado y alevoso. En venganza, los republicanos representados por el jurista, sociólogo y diplomático Bautista Saavedra acusaron del asesinato al presidente interino Gutiérrez. Se sucedieron una serie de procesos que llevaron al golpe de Estado y a la presidencia fáctica (después constitucional) de Bautista Saavedra entre 1921 y 1925.

Bautista Saavedra estaba afiliado al partido de Aniceto Arce (quien fuese presidente entre 1888 y 1892, y el mayor representante de las oligarquías y empresariado boliviano), y por su vida política anterior, tuvo una fuerte ligazón militante al liberalismo. Sin embargo, en 1915, fue cofundador del Partido Republicano, y en un viraje ideológico terminante fue gestor del golpe de Estado que derribó al liberal presidente Gutiérrez Guerra; de ello la instauración de una Junta de Gobierno Republicana en julio de 1920, en la que cogobernó en triunvirato con José María Escalier y José Manuel Ramírez. Pronto estos dos personajes se opusieron a Saavedra y fundaron su propia ala “socialista” del republicanismo. En una fuerte contención por el poder, se lanzaron individualmente a elecciones para enero de 1921. Bautista Saavedra ganó, con el pesar de una oposición que prácticamente se retiró de los comicios ante sospecha de fraude. En un vaivén de acontecimientos, se inculpó a gente allegada a Gutiérrez Guerra y su bando liberal del asesinato del expresidente Pando. Fue entonces presidente en turno Hernando Siles cuando se tomó la determinación.

Alfredo Jauregui, de oficio comerciante, fue inculpado como el supuesto perpetrador directo del hecho alevoso (con su familia) en instigación del interés político liberal. Ante esta conspiración política, en que la pugna de liberales vs. republicanos retrucó socialmente la culpa en determinados sujetos incógnitos, estaríamos ante el caso de una víctima de un dictamen judicial que no tuvo derecho a impugnación, y que bastante tuvo el contexto de una careta ideológica. Lejos de indagar más sobre las causas de muerte del expresidente, la pena se concentró en un procedimiento tan al azar que consistió en agarrar de una urna la bolilla fatal negra que asignó la culpa a un pobre desafortunado. Habiendo sido apresados cuatro presuntos culpables en noviembre de 1917 por el asesinato de Pando (Alfredo Jáuregui, Juan Jáuregui, Néstor Villegas y Simón Choque), el Código Penal de entonces señalaba que, de haber más de tres implicados, uno debía ser condenado a fusilamiento mediante sorteo, sacando el “bolillo negro” (Mesa Gisbert, 2016: 460).

Curiosamente, con la salida de la presidencia del sociólogo y jurista Saavedra (introductor del positivismo spenceriano al ciclo académico y pedagógico boliviano), el corolario de una investigación penal amañada fue la determinación de culpa completamente sesgada por la enemistad política de la época; la paradoja: el proceso menos positivista y deductivo para un juicio de “seguridad del Estado” fue insigne de un trauma histórico, cuando sus representantes en otros ámbitos propugnaban el asentamiento de dicho positivismo en las disciplinas de la ciencia y la técnica boliviana. Como resultado, el dictamen fue inapelable e inescrutable para un castigo a la cruel usanza: la que sería la última pena de muerte por fusilamiento. Tan increíble es el asunto que hay que ver un dato sobre el Código Penal boliviano, y es que éste no se había reformado desde 1834 (en el gobierno de Andrés de Santa Cruz) y ¡prácticamente la pena de muerte (y todos sus métodos) quedó abolida recién hasta el auto supremo del gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1985, y formalmente en el código penal reformado de 1997! Es así que, los delitos catalogados contra “la seguridad de Estado, parricidio, asesinato y traición a la patria” y durante las dictaduras de los ’70 también “actos de sedición, terrorismo y guerrilla” dieron lugar a numerosas ejecuciones análogas vía penas capitales de dudosa jurisprudencia, cuyo último caso fue el de Melquiades Suxo el 30 de agosto de 1973 (Curi, 20 de junio de 2016).

El Bolillo Fatal (Bolivia, 1927) - Digitalización casera 2012 from Carolina Cappa on Vimeo.

Justicia o injusticia en el caso irresuelto de un asesinato presidencial

La condena a la muerte por determinados métodos, tiene un trasfondo sociológico que atañe por completo a dos características fundamentales de una sociedad. Éstas son sus normas y el peso con el cual ante su incumplimiento se impone una condena que se pondera “suficiente” para el infractor, que ha quebrantado la moral establecida en un sistema tradicional-cultural. Esto es, que que de cara a un comportamiento “inmoral o pernicioso”, la sociedad ha rutinizado procedimientos para dar escarmiento público a aquellas conductas que considera bajo su sistema de valores un crimen; por lo regular, en un sistema legalista, dicha rutinización ha sido volcada en un Código Penal (o en su equivalente, un código reglamentado para el procedimiento punitivo). El crimen imputado en cuestión, la perpetración de un alto crimen contra la patria (la muerte contra la figura máxima del entonces llamado “Supremo Gobierno”), tendría para Jáuregui el costo de su propia vida. No obstante, la película no alcanza a mostrar a las otras personas que, alcanzadas por el misterioso delito, fueron objeto no sólo del castigo penal sino también de la ignominia y agravio de la opinión pública.

Después de un largo careo y peritaje de la humilde familia Jáuregui (madre anciana, hijos y sus mujeres), a los supuestos implicados y a la familia Pando, la Corte Suprema de Justicia emitió su veredicto final un 19 de octubre de 1927: por encubrimiento, la madre de Alfredo, Tomasa de Villegas y Rosa Ascarrunz viuda de Villegas junto con las hermanas Jáuregui, Dolores y Cristina, irían presas cinco años a San Pedro (aunque en realidad estuvieron siete y una murió en cárcel) y el hermano Jáuregui, Villegas y Choque diez años también a la prisión de San Pedro (Juan corrido al destierro tras cumplir su condena); Alfredo Jáuregui corrió con la mala fortuna de la pena capital mediante fusilamiento. De las mujeres ante la opinión pública tan sólo se conoce una fotografía de reconocimiento judicial, que fue tomada de ellas vestidas en su indumentaria y formadas en línea sin mostrar las manos en el patio de la prisión, para después ser internadas y olvidadas por la historiografía (Urrelo, 2014: 139-157). Los hombres tuvieron el seguimiento de su condena con una irresoluble apelación ante un delito considerado mayor de amenaza contra el Estado y traición a la patria, y las generaciones venideras de los Jáuregui paceños cargarían con la afrenta heredada de “delincuentes y asesinos”, de un caso jurídico desahogado con falta de pruebas.

El hallazgo

El material inédito, donado a la Fundación Cinemateca Boliviana por Fernando Guerra y su familia, que estaba perdido entre tantos otros rollos de nitrato de plata de antiguas exhibiciones en el viejo cine paceño Bolívar (desde 2012 convertido en negocio), fue descubierto por las investigadoras del archivo fílmico de la cinemateca, Carolina Cappa y María Domínguez.

Sin detalles ni acotaciones en él, coincidió éste en ser la última producción fílmica de uno de los pioneros empíricos del cine boliviano, el cineasta Luis del Castillo González (¿s. XIX-1964). Luis del Castillo ya desde 1913 filmaba vistas locales de La Paz, que entre su obra se tiene conocimiento de material hoy perdido (del que se sabe sólo por figurar en listas, afiches y estrenos anunciados en prensa): “Vistas locales” (1913), “Los Carnavales de La Paz” (1913), “Para Militar del 6 de agosto” (1913), “Un suntuoso suceso en La Paz” (1913), “Ferrocarril Arica – La Paz” (1918), “Carnaval Paceño” (1926), “Posesión del Pdte. Hernando Siles” (1926), “La Virgen de Copacabana” (1926), el ya mencionado “El bolillo fatal o El Emblema de la Muerte” [fusilamiento de Jauregui] (1927), y una final “Los Urus” [que codirige con el cineasta Arturo Ponansky] (1927) (Blanco Mamani, 2 de octubre de 2011). Un periodista gráfico que con su cámara registró numerosas situaciones cotidianas, entre ellas las que estaban circunscritas en los gobiernos de Ismael Montes (el segundo mandato), el interino Gutiérrez Guerra, Bautista Saavedra y de Hernando Siles, dio en el clavo con un registro que resulta indispensable para dar elementos de análisis social con los cuales apelar la justicia histórica en el veredicto del fusilamiento y de la culpabilidad en la muerte de Pando.

Se trata de un rollo en estado medio de descomposición activa, de 35 mm, del cual se pudo rescatar un fragmento del nitrato, por suerte el crucial del hecho del fusilamiento (y los momentos anteriores y posteriores) que permiten conocer del episodio varios datos en conexión: cómo era el acusado Jauregui, su reacción en cámara en el cautiverio penal, el encuentro de la sociedad paceña para la ejecución, su disposición para la pena de muerte y su “ajusticiamiento”. En contraparte, se puede ver cómo la sociedad paceña acudió como público ante el fusilamiento, y cómo este público regresa del “espectáculo” en una altura de la hoyada hacia la pequeña urbe, de la que hace menos de treinta años el expresidente Pando la había convertido en la capital administrativa nacional. El testimonio habla por sí mismo, al retratar la “civilidad” puesta a prueba en el acontecer del castigo, que mucho tiene el tinte símil de una exhibición a la manera de los guillotinamientos franceses decimonónicos o del circo romano. Acuden desde su traslado de la celda de San Pedro al sitio de ejecución a las afueras de la ciudad, las autoridades paceñas, el ejército, las figuras eclesiásticas y gente común de distintas clases sociales (aunque mucho se omitió en mostrar a los indígenas altiplánicos).

El proceso de valoración material y restauración de “El bolillo fatal” concluyó en marzo de 2015, en un convenio bilateral con la Filmoteca de la UNAM en México, a cargo del reconocido cineasta y restaurador Francisco Gaytán Fernández. Se restauraron dos copias digitalizadas, una a blanco y negro y otra en el sepia tungsteno original (incompletas, pero finalmente recuperadas). Su reestreno se suscitó durante una breve temporada de exhibición desde el 3 de julio del mismo año, en salas de la Cinemateca Boliviana, y hoy forma parte del patrimonio en resguardo del proyecto “Imágenes de Bolivia” del archivo fílmico de la cinemateca (Cazas, 23 de marzo de 2015; Embajada de España en La Paz, 6 de julio de 2015).

El significado y una interpretación del fusilamiento ante cámara

¿Qué representa mostrar el hecho in situ del fusilamiento de Jauregui? Hay varias connotaciones que se complementan y nos hablan de la época, por lo cual este episodio tiene una importancia enorme en su existencia. Primero que nada, la demostración de que ante los experimentos del cine-periodismo de los cineastas primigenios bolivianos, la captura “real” como fue de un acontecimiento estremecedor era el precio de un valor cinematográfico mayor: la aspiración a la veracidad (aunque fuese censurada). En segundo lugar, queda registrado un proceder que resulta chocante en su determinación rígida para nuestros tiempos en el sistema de justicia contemporáneo: la pena de muerte. Lo que hoy mundialmente en muchos sistemas penales es ya inconcebible o en otros está reservado a casos muy particulares, se observa en ejecución naturalizada como el castigo para el crimen en lo que para su época es considerado como el quid pro quo ponderado “justo” a la sombra de la ley, de una conducta altamente corruptora del valor patrio y cohesivo (anómico en términos de Durkheim) como la del asesinato de las figuras de la jerarquía política. En tercer lugar, que ante el castigo impuesto al acusado, la rigidez con que se ha determinado el fusilamiento tiene el trasfondo de la amplificación de la culpa (y muy probablemente un sesgo injusto) dado a causa del amaño por la rencilla política de los republicanos contra los liberales; su desenlace es que el último fusilamiento en el sistema penal de Bolivia, que para bien o mal fue capturado con el cine, tuvo innegablemente la firma mortal de la lucha política de las ideologías que se tensionaban el poder político. Jauregui estaría tan enajenado de la causa de su condena (irremediable) como muchos otros personajes habrían, por lo tanto, sido injustamente condenados en la época de las oligarquías.

Este último aspecto tiene una relevancia inconmensurable porque entonces “El bolillo fatal” es el testimonio social y cinematográfico de la injusticia tipológica del sistema de justicia de los albores del siglo XX, en una Bolivia maniatada a los designios de los intereses de militares y acaudalados empresarios, latifundistas y mineros (entre los que estaban los “barones” de la plata y el estaño). En la historia de Jauregui estarían reflejadas miles de historias de impotencia ante el autoritarismo disfrazado de legalidad. La pugna de las facciones políticas habría disfrazado en sus disputas el devenir trágico de muchos condenados a muerte, como también de miles de indígenas y desplazados que (sólo por mencionar dos ejemplos colectivos), tras la Revolución Federal de 1899 en el altiplano o con la sublevación chiriguana-guaraní en oriente y Chaco de 1892, llevaría a reforzar las muertes y cuando menos como castigo la mano de obra en condiciones de casi esclavitud en los gomales del norte amazónico, de las haciendas de los Territorios de Colonias y en las minas andinas, así como carne de cañón en las contiendas bélicas. Como cuarto hecho, muy relacionado, pasa para nosotros desapercibido, pero tenía su significado en 1927 y es que la censura de la que fue objeto la película tuvo que ver en parte también con el retrato de la sociedad paceña, que entonces estaba altamente compuesta del sujeto indígena (esta no es invención mía, sino que es en realidad también una línea interpretativa de Cappa). Para muchos (como muestra de Bolivia ante el extranjero) era un estigma de oprobio la denominada “cuestión del indio”; la sociedad boliviana hegemónica era altamente racista y no era una coincidencia que quienes estaban en la cabeza de la producción cinematográfica y periodística de la época repudiaran la aparición de hombres y mujeres indígenas en un hecho realista cotidiano (de hecho, aparecen parcialmente en la cinta restaurada).

En la desprevención de una sociedad “de abajo” ante el ficticio estado de derecho, el fusilamiento de Jauregui (en voz de muchos otros casos de ejecución camuflada en motivos políticos ajenos) es sólo la antesala del desmoronamiento del sistema político oligárquico, que se terminó de fracturar con el desenlace de la Guerra del Chaco en 1935. También fue una voz que catalizó desde la intelectualidad y la militancia a finales de la década de 1920 y durante los años treinta, la postura crítica de sectores sociales en crecimiento (urbanos organizados, rurales en comunidad y mineros principalmente) que empezaron a politizarse y presionar gradualmente por la consecución de derechos colectivos, que recién empezaron a eclosionar a finales de la década de 1920 (con la aparición de movimientos obreros-sindicales, organizaciones anarquistas y comunistas y las resistencias en las masacres mineras) y en la Revolución popular de 1952.

¿Qué ocurre con respecto a la causa de la ejecución? El problema radica en la justicia y el método para la imputación de la culpa. En una indagación revisionista pero necesariamente esclarecedora, el historiador, literato y abogado cochabambino Mariano Baptista Gumucio esgrime en su libro “La muerte de Pando y el fusilamiento de Jáuregui” (2009), que la muerte del presidente Pando se debió a causas naturales por un derrame cerebral cuando cabalgaba hacia La Paz (después uno de los liberados en la década del 70 confesaría que Pando habría muerto súbitamente cuando coincidió en una visita a la tienda de la familia Jáuregui), y no a un asesinato. El error garrafal en el fallo por sorteo tendría así un enorme desacierto ético aunado a una negligencia jurídica: la acusación es innegablemente arbitraria al ser cegada por la necesidad pública de inculpación (motivada además por el contexto político y la falta de investigación necrológica), y no tendría sustento en pruebas verídicas. Parece ser, según Baptista Gumucio, que una de las pruebas de autopsia habría sido falsificada para aseverar que la causa de muerte había sido “golpes y traumas fatales” cuando fue hallado en un barranco sin vida, yendo en su caballo desde El Kenko (hoy El Alto) a la ciudad de La Paz.

Conclusiones ante la controversia

Sin duda, tanto la dictaminación jurídica de la década de 1920 como las causas de muerte del expresidente Pando continuarán en una polémica que mantiene su incertidumbre en una región gris. Es en este escenario, que la factibilidad de proseguir en la restauración de “El bolillo fatal” tiene un elevado valor histórico en la develación de hechos para respaldar o criticar el fallo contra Jáuregui (que de acuerdo a una nota de la BBC, continúa siendo un motivo de impugnación y estigma en las generaciones descendientes, pero también un freno en sí mismo por el costo económico de la restauración en la FCB) (10 diciembre 2012), así como para determinar una postura ante el sistema judicial boliviano de la época, y en consiguiente conocer a través del correlato fílmico de esta vista documental las características políticas y sociales de la época de decadencia la “Rosca” boliviana. Un pedazo de historia documentado tiene el poder de echar luz sobre un episodio crítico, no solamente por el hallazgo cinematográfico y la aportación de una prueba contundente, sino principalmente porque la refutación sobre un fallo (injusto, probabilístico en método y sesgado políticamente) tiene la capacidad de ser insurgente: de probar y derribar el mito nacionalista sobre el cual los presidentes, los personajes que aparentar ser gestores del “progreso” y un sistema social estructurado en su valores tradicionales erigieron un Estado fratricida, que usó a su voluntad la Ley para garantizar a costa de la dignidad y vida de los bolivianos “de abajo” la integridad material de la riqueza de la élites de la política y la rosca.

Luis del Castillo González y sus imágenes impactantes atinaron en pinchar (es posible que involuntariamente, pero cabal lo logró) y molestar siendo un temprano ejercicio crítico, sobre una problemática neurálgica de la sociedad boliviana en un testimonio de 17 minutos (del que lamentablemente sólo conocemos dos y medio): una muestra de la instrumentalidad, componenda, desigualdad apañada en la faceta del republicanismo e iniquidad en la que se vivía en llana desprotección al ser boliviana o boliviano, todavía en la primera mitad del siglo XX. El favor de la legalidad estaba todavía racializado, polarizado en clases, condicionado a múltiples diferencias sociales asentadas en una nación históricamente fragmentada desde su suelo y fuertemente impuesta desde el hegemón político que no habría de cambiar sustancialmente sino hasta el fiasco de una guerra sin sentido con el Paraguay, las resistencias obreras-mineras y la Reforma Agraria.

Fuentes de consulta:

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DEL CASTILLO González, Luis (director y productor). (1927). El Bolillo Fatal o el Emblema de la Muerte [vista documental]. Bolivia: Luis del Castillo. Recuperado en: https://www.youtube.com/watch?v=RxnRu05935g&t=2s
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